Violencia institucional: el Chaco mide, diagnostica y trabaja para su erradicación

0
6

“Los derechos humanos están descriptos en lo que el presidente Alberto Fernández define como primero los de abajo, para después llegar a todos y todas. Los derechos humanos empiezan por los más vulnerables, para garantizar el acceso a derechos a todes”, reflexiona Nayla Bosch, subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia. Y fundamenta: “Hay poblaciones que son más vulneradas que otras. Por eso, priorizamos ciertas poblaciones, porque hay otras ya contempladas en diferentes áreas del Estado. El alimento es el primer derecho humano, y hay varias carteras del Estado que abordan la cuestión”.

En diálogo con Agencia FOCO, la funcionaria abordó ese y otros temas vinculados a la gestión del área que conduce, los que representan distintas problemáticas sociales. Pese a la pandemia y a las restricciones durante varios meses, las acciones continuaron en busca de cumplir objetivos de políticas públicas. “Nosotres trabajamos con toda una amplia gama de problemas. Nos llaman por cuestiones variadísimas y las puertas están abiertas para todas las problemáticas y para todas las personas. Hay problemas en los que nos enfocamos más, con los recursos que disponemos”, subrayó.

Como cuestiones por fortalecer desde la gestión, mencionó a temáticas sobre salud mental, ya que la Subsecretaría a su cargo es parte del órgano de revisión; el trabajo con población afrodescendiente; la identidad no sólo vinculada a hechos de la dictadura sino además a identidad biológica de otras personas; y la capacitación y formación en derechos humanos.

La actuación policial durante el aislamiento

 

La subsecretaria Bosch evaluó la actuación policial durante el tiempo de aislamiento obligatorio en la provincia. “El rol de la Policía fue clave para mantener el aislamiento. Reivindico ese rol policial, fue un trabajo arduo”, remarcó, en un análisis que pondera la función de cuidado de la ciudadanía.

En ese análisis, agregó: “Hay que tener un poco más de cuidado con el enfoque que se da cuando la Policía, entre sus atributos, fortalece el rol securitario sobre el de cuidado porque, en ciertos sectores de la propia fuerza, eso puede leerse como más poder para prácticas violentas”.

“Creo que estas prácticas (violentas) suceden y no son una excepción. Justo por eso hay varias cuestiones en las cuales estamos trabajando, como la reforma a la currícula policial, capacitaciones a fuerzas de seguridad sobre derechos humanos, género y todo lo vinculado a pueblos originarios”, repasó.

La estructura y las políticas

 

La Subsecretaría de Derechos Humanos contiene, en un plano general, dos grandes áreas: una vinculada al abordaje integral de la violencia institucional, lo que incluye a los derechos humanos; y otra dedicada a Memoria, Verdad y Justicia.

En materia de violencia institucional, la estructura contiene por una parte a la Dirección de Abordaje Integral en Derechos Humanos y, por otra parte, a la Guardia de Derechos Humanos, una línea que funciona las 24 horas y está destinada a atender temas de violencia institucional con un equipo especial asignado a la función. Su formalización fue en julio a través de un decreto del gobernador.

Se suma allí un nuevo eslabón incorporado a la Guardia, que está en implementación: una plataforma digital diseñada en conjunto con Ecom Chaco, para la carga interna de los datos y la generación de estadísticas sobre la temática. “Esta misma plataforma también se usa en la Dirección de Abordaje Integral en Derechos Humanos, que hace todo el seguimiento de los casos que ingresan a la Guardia y también de aquellos que llegan directamente a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros”, explicó Bosch.

Casos en el primer semestre

 

La violencia institucional representa el mayor volumen de presentaciones ante la dependencia estatal que conduce Nayla Bosch. “En el primer semestre de este año registramos más de 500 casos ingresados, incluyendo también algunos pedidos de asesoramiento y consultas”, precisó.

En ese punto, resaltó que “nunca antes se midieron en la provincia los casos de violencia institucional”, por lo cual no existen parámetros para su comparación en relación a otros años. “Fue subiendo la cantidad de casos a medida que transcurrió el aislamiento obligatorio en la provincia, y registró un pico en el mes de mayo. El punto más álgido ocurrió con el hecho de Fontana (el 31 de julio contra una familia en el barrio Banderas Argentinas), y luego, tras anuncios del gobernador, descendieron en junio”, expuso.

En cuanto a la categorización de los casos de violencia institucional, la mayor cantidad se presentan en el Servicio Penitenciario Provincial y en la Policía. “Se trata de una población joven y en su mayoría son varones. En los registros de la Guardia, el 80% de los casos son hombres y el 60% son personas privadas de la libertad, la mayoría en comisarías”, reveló.

El caso de Fontana

Nayla Bosch resaltó la importancia del cambio de carátula en la causa que investiga la violencia policial en Fontana.

 

En otro punto del diálogo con Agencia FOCO, la funcionaria dio cuenta de los avances en una de las causas más importantes de violencia institucional, donde el Estado es querellante: el caso ocurrido a fines de mayo contra una familia qom en Fontana.

El hecho se produjo en horas de la madrugada del domingo 31, cuando efectivos policiales de la comisaría tercera de esa localidad irrumpieron en una vivienda. Mediante golpes, detuvieron y trasladaron a cuatro personas – dos mujeres y dos varones – y agredieron a otra mujer que estaba en la vivienda.

Bosch recordó que los agentes están hoy “en funciones pasivas” y que fueron imputados ocho en total. “La causa continua, pero siguen en libertad”, indicó, y recordó que hubo un cambio de fiscal. Del mismo modo, resaltó que “la clave es que puedan cambiar la calificación, para modificar la carátula actual de vejaciones por torturas”, un agravamiento que implicaría la detención de los responsables.

Por otra parte, dio cuenta de la asistencia del Estado a la familia víctima de la violencia policial. “Tenemos diálogo a través de dos áreas: Género y Derechos Humanos, con equipos particulares. Son situaciones complejas, pero existe un seguimiento habitual y acompañamiento psicológico, que se complica un poco con la virtualidad”, comentó.

Causa Greco 2

 

Por otra parte, la subsecretaria mencionó que la audiencia por la Causa Greco 2, en el marco de la solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tendrá lugar entre el 14 y el 18 de este mes. Allí el Estado es querellante. “Se juzga el encubrimiento agravado y el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Lo más importante es que se haga este debate oral y público”, resaltó.

Juan Ángel Greco era un artesano de 24 años que falleció tras ser detenido ilegalmente y alojado en una celda que luego fue incendiada el 4 de julio de 1990 en la comisaría de Puerto Vilelas. Ante la impunidad del caso, los familiares de Greco recurrieron a la CIDH, que dispuso la reapertura de la investigación comprometiendo al Estado chaqueño a una serie de medidas reparatorias para la familia, y a la reapertura de las investigaciones penales y administrativas contra los presuntos responsables de la detención ilegal y de la muerte del artesano.

Espacios de análisis

 

Entre los espacios donde se analizan distintas temáticas vinculadas a la gestión de la Subsecretaría se anotan, por caso, las mesas de abordaje interinstitucional. El lunes tuvo lugar la destinada a tratar la situación de las personas privadas de la libertad en el marco de la pandemia de Covid-19.

“Vamos a trabajar con el Comité de Expertos de Covid-19 para analizar la situación. Debatimos sobre el Plan de Desescalada en contexto de encierro. Por ejemplo, si se abren las visitas, dónde y en qué condiciones. Y otras problemáticas que vayan surgiendo directamente de las personas privadas de su libertad”, puntualizó.

Memoria, Verdad y Justicia

En Sáenz Peña habrá otro espacio de memoria, emplazado en el predio de la ex Comisaría Primera. Será un parque y un museo conectados con el desarrollo urbanístico de Procrear.

 

Finalmente, Bosch subrayó que “Memoria, Verdad y Justicia es la parte constitutiva y la punta de lanza de la gestión”. “La cuestión judicial está bien cubierta. Somos querellantes en causas de lesa humanidad”, recordó.

Por otra parte, resaltó que la prioridad es avanzar en el diseño y construcción de sitios de memoria. “Hoy tenemos un solo espacio, que es la Casa por la Memoria en Resistencia”, mencionó.

Así, reveló que se busca avanzar en dos proyectos más: el Parque de la Memoria en Margarita Belén (emplazado en el monumento que recuerda a los caídos en la masacre), cuya primera etapa está finalizada; y en Sáenz Peña, un espacio de memoria en el predio de la ex Comisaría Primera. Allí, precisó que la idea es conectar toda una manzana con un circuito que vincule al desarrollo urbanístico de Procrear con un parque de la memoria y un museo.

En Margarita Belén se erige uno de los proyectos para emplazar sitios de memoria en la provincia. La primera etapa fue concluida.