Trabajadoras de casas particulares se movilizaron por salarios dignos y un bono de emergencia

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Mujeres integrantes de la Asociación de Trabajadores de Casas Particulares en Lucha de todo el país protagonizaron este miércoles una manifestación en todo el país, con movilización al Ministerio de Trabajo de la Nación en Capital Federal. Reclaman una serie de reivindicaciones que van desde salarios dignos y mejores condiciones de trabajo, a un bono de emergencia de 30.000 pesos para poder afrontar los fuertes quebrantos que trajo aparejados el desembarco del coronavirus, a principios del mes de marzo.

«Las trabajadoras de casas particulares nos movilizamos por un salario digno, y por los derechos al trabajo tendiendo en cuenta que muchas mujeres perdieron su fuente de ingresos como consecuencia de la pandemia», explicó María del Carmen Díaz, presidente de la asociación en diálogo con Radio Provincia.

Situación adversa

Las complicaciones alcanzaron también a las mujeres que realizan tareas por hora en casas de familia que no están amparadas en ninguna normativa vigente. «Buscamos hacer visible nuestra situación general porque en lo que se refiere a la salud también problema: la obra social con la que contamos no presta un servicio acorde a las necesidades de las trabajadores y esto también es importante», planteó.

La manifestación de este miércoles tuvo como objetivo además hacer llegar el reclamo a las esferas más altas del Gobierno provincial. «Este trabajo es el último en tomarse en cuenta, porque prácticamente no tenemos derechos, como cuando vamos a juicio y no tenemos un foro laboral específico como las otros actividades», indicó Díaz y añadió: «Hoy por hoy, la situación nos golpea con particular fuerza porque somos jefas de familia pero no somos tomadas en cuenta para nada».

En tiempos de pandemia, el sector sufrió complicaciones anexas como las que tuvieron que enfrentar aquellas trabajadores que, por tener la «fortuna» de estar «en blanco», no accedieron a cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia, lo que fue tomado como un «perjuicio» muchas de las mujeres que se dedican a esta actividad.

«Nos movilizamos al Ministerio de Trabajo porque no tuvimos diálogo con ningún funcionario ni funcionaria del Gobierno: queremos sentarnos a charlar para buscar soluciones a estos planteos, además de un bono de 30.000 pesos para todas las desocupadas», planteó Díaz.

En Capital Federal, las mujeres hicieron el planteo ante la sede de la cartera laboral nacional, ubicada en calle Callao; y se replicó en distintos puntos del país entre ellos el Chaco, Córdoba y Entre Ríos, con expresiones diversas.

Intereses comunes

A pesar de todos los inconvenientes y la complejidad que caracteriza al sector, con buena parte de las trabajadores sin registro, Díaz logró conformar un colectivo que busca convertirse en un actor importante a partir de los intereses comunes de sus integrantes. «Tuvimos un plenario de mujeres el 22 de agosto, donde invitamos a todas la trabajadoras de casas personales, y allí nos dimos cuenta que hay muchísimas mujeres en el país que cumplen estas tareas en distintas condiciones: realmente ahí comprendimos la profundidad del problema», recordó.

Las mujeres coincidieron en plantear que muchos puestos de trabajo se perdieron como consecuencia de empleadores que «se negaron a pagar» durante la cuarentena al considerar que el personal «no estaba trabajando». «Lo primero que hicieron fue deshacerse  de las empleadas, y a veces esto tuvo que ver también con la discriminación porque muchas venimos de las villas y ya sabemos qué pasó Buenos Aires en los barrios vulnerables», sostuvo.

Díaz consideró que las actividades domésticas están muy mal remuneradas, con sueldos muy por debajo de la canasta básica, de hecho continúan con el techo de $145 pesos por hora desde 2019; pero además el trabajo se desarrolla en el marco de actitudes «driscriminatorias» cuando no con otro tipo  de «vejaciones».

A la vez, quienes tienen la posibilidad de trabajar ocho horas todos los días, según los registros de la Asociación, están ganando sueldos de entre 13.000 y 17.000 pesos, que tampoco alcanza como para solventar los gastos mensuales. «Entendemos que lo que ganamos no aumentó también porque muchos empleadores son de clase media que tampoco tuvieron mejoras, pero detrás de todo esto está el Estado que debe dar respuestas», cerró.