La “propuesta” de Suárez por Portezuelo del Viento: veedores y un fondo de garantía.

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El gobernador de Mendoza le presentó un documento al ministro del Interior, «Wado» de Pedro, para buscar el consenso del Comité de Cuenca. Destinará 5 millones de dólares por incumplimientos y permitirá “veedores en la obra” y «en el manejo”. En la reunión del 26 se vota la realización de un informe de impacto ambiental. Si no hay unanimidad, lauda el presidente Fernández.

El gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, le presentó un documento al ministro del Interior Wado de Pedro, para buscar el consenso del comité de cuenca. Destinará 5 millones de dólares por incumplimientos y permitirá “veedores en la obra” y en “el manejo”.

El mandatario radical adelantó a Nación la oferta que le hará a La Pampa, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, integrantes del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado.

Tal como informó El Diario, el ministro ‘Wado‘ de Pedro convocó a los gobernadores de Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza para una reunión del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, el próximo 26 de junio, por la obra Portezuelo del Viento.

La convocatoria se conoció después de que se revocara la resolución de 2019 que archivó la solicitud de laudo presidencial pedida por La Pampa en relación a la construcción del complejo hidroeléctrico de Portezuelo del Viento, en Mendoza.

El funcionario adoptó la decisión tras el pedido de los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Arabela Carreras (Río Negro), quienes pidieron la discusión del impacto ambiental de la obra de Portezuelo en el ámbito del Consejo de Gobierno de COIRCO, que integran los mandatarios de las provincias condóminas, se informó oficialmente.

Por reglamento de funcionamiento del COIRCO, las decisiones se deben tomar por unanimidad. Si alguna provincia se opone, se pasa a la última instancia que es el laudo presidencial. Se trata de una decisión irrevocable.

El viernes puede ocurrir que el resto de las provincias presenten un pedido para la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental y Mendoza oponerse, lo que obligaría a Alberto Fernández a definir el diferendo.

La propuesta

La iniciativa incluye la aceptación de veedores en la realización de la obra, en el manejo de la represa, la constitución de un fondo de garantía de 5 millones de dólares por si hay incumplimiento de las condiciones y hasta la apertura de una oficina en Portezuelo del Viento.

“Quieren tener una oficina, no hay problemas. Que estén acá y hagan los peritajes que crean necesarios”, dijeron fuentes del gobierno de Mendoza.

En el escrito presentado al gobierno nacional se afirma que “garantiza que el manejo del agua de Portezuelo del Viento, ya estipulado por el COIRCO en cuanto al primer llenado y al manejo de agua posterior, pueda ser auditado y controlado por las provincias integrantes de la cuenca. Además, la propuesta incluye la constitución de un fondo de garantía, para el caso de que Mendoza se aparte de dichas normas de manejo del agua”

“En caso de ser requerido por el resto de las provincias, Mendoza se compromete a ratificar la ampliación de facultades del COIRCO como autoridad de aplicación de las normas de manejo de agua y primer llenado. Las normas de llenado y operación del embalse se encuentran acordadas y aprobadas por la autoridad de cuenca, que en este caso es el COIRCO, quedando bajo esta normativa el manejo del agua del Embalse Portezuelo del Viento”, se lee en el texto de la propuesta.

En cuanto al Fideicomiso Público de Garantía, el fiduciario será un comité técnico, integrado por un representante de cada provincia integrante del COIRCO, más uno por el COIRCO y un representante del Gobierno Nacional. Este Comité será quien determinará el incumplimiento y la sanción. En caso de no existir sanciones, los intereses del patrimonio inicial serán computados como aportes al desarrollo del plan integral del COIRCO, los que se liquidarán anualmente.

El fideicomiso será por cinco millones de dólares o el importe equivalente en energía producida por la obra, a partir de que la misma comercialice la energía generada. “Proponemos que las sanciones las determinen cada una de las provincias, y que se cobren automáticamente”, agregó Suarez.

del“La suma será integrada por la provincia en su calidad de fiduciante, en forma previa al inicio de la ejecución del contrato. Deberá afectarse única y exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones asumidas y a las sanciones que se determinen como consecuencia de posibles incumplimientos”, dice el documento entregado a Nación.