Carlos Quirós: «Proponemos políticas socio-educativas como respuesta a las dos pandemias: la neoliberal y la del coronavirus»

0
4

Los y las Educadores Populares con CTERA es un colectivo de docentes que presentan una mirada alternativa a la coyuntura pedagógica actual. «Nos referenciamos en la comunidad educativa, en la capacidad del pueblo para lograr con unidad y organización el respeto de sus derechos. A la comunidad educativa le debemos nuestra formación y una praxis transformadora», definen como carta de presentación.
Tres propuestas para enfrentar las dificultades actuales
Los y las educadores populares se reunieron en la jornada de ayer  con el Sindicato de Amas de Casa en el barrio Provincias Unidas, en donde acordaron tres puntos básicos para afrontar la difícil coyuntura actual que atraviesa la educación provincial ante la pandemia.
Los tres puntos acordados son:
1-Relevar y compartir información sobre situaciones que pongan en riesgo la continuidad de estudios de niñes, jóvenes y adultos.
2-Impulsar y participar en capacitaciones de formación con perspectiva laboral y de desarrollo local.
3- Desarrollar proyectos de intervención comunitaria junto con municipios, bibliotecas populares, clubes, cooperativas, CIC, y centros culturales barriales.
Además, el Sindicato resolvió difundir dos leyes que impulsa el colectivo de Educadores Populares con CTERA: Ley Provincial de Desarrollo y Fortalecimiento de Mesas Intersectoriales Socioeducativas; y Ley Nacional de Incentivo Académico para la vuelta a la escuela.
Carlos «Cacho» Quirós, ex subsecretario de Educación durante las primeras gestiones de Jorge Capitanich al frente del ejecutivo provincial, y hombre de una dilatada trayectoria de militancia política, que arrancó en los 70 dentro del Peronismo nacional y popular, es uno de los voceros de este espacio.
En contacto con la Agencia FOCO, Quirós respondió algunos interrogantes que están en el centro del escenario pedagógico a nivel provincial y nacional.

P: ¿Por qué esos tres puntos acordados con el Sindicato de Amas de Casa son necesarios?
R: La necesidas está dada en que esos puntos reposicionan a la educación en su proyección social: igualdad de oportunidades, formación en contexto y con incidencia en el desarrollo local.

P: ¿Hay predisposición de les diputades en tratar estas propuestas de Ley?
R: La diputada provincial Gladys Cristaldo, presidenta de la Comisión de Educación adhiere. Las legisladoras nacionales Marín Pilatti Vergara y Lucina Masín escucharon con atención nuestras propuestas. Además, el testimonio de las legisladoras nacionales nos ha permitido tener una mirada nacional de la problemática educativa.

P: ¿Cómo observan el desarrollo educativo en la provincia en tiempos de pandemia?
R: Nosotros miramos la situación provincial regional y nacional. Entendemos que la crisis provocada por las dos pandemias afectó a todos los ámbitos de la actividad.

P: ¿Dos pandemias?
R: Sí. Dos pandemias: la estructural del neoliberalismo y la pasajera del coronavirus.

P: ¿Les educadores populares son un colectivo alternativo al sector sindical docente? ¿Por qué optaron esa alternativa? ¿Descreen de la representatividad de los distintos gremios docentes en la provincia?
R: No descreemos, nos referenciamos en la comunidad educativa, en la capacidad del pueblo para lograr con unidad y organización el respeto de sus derechos. A la comunidad educativa le debemos nuestra formación y una praxis transformadora.
Nosotros venimos a proponer políticas socioeducativas, que den cuenta de la situación vulnerable que aqueja a la educación, como resultado de los ajustes neoliberales y la incidencia de la pandemia, como decía. Un «pacto educativo» en el que Estado y comunidad, asuman el compromiso de transitar una agenda educativa, que garantice los derechos sociales, económicos, políticos, culturales, de alumnes, familias, y trabajadores de la educación.

P: ¿Qué rol juega la pobreza en el contexto pedagógico?
R: No la resolvés con asistencialismo, con un plan de ayuda. Con eso al pobre le permitís estar mejor, seguro, pero sigue siendo pobre. Para él mismo, que sabe que no está ganándose el sustento, y para el resto que lo ve como una carga para el Estado. La solución es darle trabajo. «¿No hay trabajo? Mentira. ¿No hay carencias en los hospitales, en las escuelas? ¿No hay déficit de viviendas? Lo que no hay, es quien pague ese trabajo, pero trabajo para hacer hay mucho. El mercado, seguro que no lo va a pagar. ¿Y entonces, por qué no organizamos esa gente desocupada, le damos capacitación y las herramientas, y ordenamos esa demanda insatisfecha para darle un lugar en la sociedad a esa producción de bienes, de servicios, que el mercado no va a pagar pero el Estado sí debe pagar?», eso decía Rafael Kohanoff, colaborador de José Ber Gelbard, empresario nacional fallecido de Covid el 14 de agosto de 2020. Nosotros adherimos a esa idea.

P: ¿La educación en tiempos de pandemia dejará algunos legados para la pedagogía que se viene?
R: Con anterioridad a la crisis sanitaria entendíamos que, así como la crisis socio económica reducía la capacidad pedagógica de la escuela, del mismo modo las nuevas tecnologías planteaban interrogantes acerca de la pertinencia de los espacios de aprendizaje, y sobre su extensión a nuevos ámbitos. También asistíamos a cuestionamientos de sentido sobre el futuro de la organización escolar, en particular del nivel medio, ya Inés Dusell nos planteaba: ¿Qué lugar tiene la escuela media en la producción y reproducción de la desigualdad?

P: El filósofo Darío Sztajnzrajber dijo que el aula ha muerto, que el discurso escolar se dirige a un pibe que ya no existe más. ¿Coinciden?
R: Respecto de la mirada cuestionadora sobre el aula como «único» espacio alfabetizador que plantea Sztajnzrajber, nosotros compartimos esa lectura. Por ello es que proponemos alternativas superadoras a ese estándar conservador. Apuntamos a políticas socioeducativas, que den cuenta de la situación vulnerable que aqueja a la educación, como resultado de los ajustes neoliberales y la incidencia de la pandemia. El «pacto educativo» del que hablaba en el comienzo, en el que Estado y comunidad asuman el compromiso de transitar una agenda educativa que garantice los derechos sociales, económicos, políticos, culturales, de alumnes, familias, y trabajadores de la educación.